En este trabajo se analiza la respuesta de las políticas de protección social frente al COVID-19 en Uruguay, en base a microsimulaciones estáticas. La configuración de la protección social en el país previa a la crisis facilitó la puesta en marcha de un apoyo rápido a la población vulnerable y a los trabajadores formales. La respuesta adoptada por el gobierno uruguayo incluyó el aumento de la cuantía de las transferencias monetarias existentes, la puesta en marcha de un nuevo programa de transferencias monetarias para llegar a los trabajadores informales y la simplificación de los requisitos para la prestación del seguro de desempleo. Por el lado de los impuestos, se implementó un impuesto temporal a la renta (Impuesto de Emergencia COVID-19) para los trabajadores públicos (excluidos los trabajadores de la salud) y los pensionados que perciben un ingreso superior a un determinado umbral durante dos meses en 2020 y dos meses en 2021. Nuestros resultados indican que las modificaciones en el sistema de protección social introducidas para hacer frente a la COVID-19 permitieron reducir la incidencia de la pobreza en 1,3 y 1,6 puntos porcentuales en 2020 y 2021 respectivamente. Los efectos fueron mayores entre los hogares con niños: si no se hubieran introducido modificaciones en la protección social como respuesta a COVID-19, la pobreza habría sido 1,8 o 2,4 puntos porcentuales mayor para estos hogares en 2020 y 2021 respectivamente. El instrumento más importante fue el seguro de desempleo en 2020 y las Asignaciones Familiares PE, dirigidas a los hogares con niños, en 2021. En conjunto, las modificaciones del sistema de protección social originadas por la crisis de la COVID impidieron que el Índice de Gini aumentara alrededor de 0,6 puntos porcentuales adicionales.
